La decisión del municipio bonaerense de Ramallo de avanzar con el cobro de una Tasa de Tránsito Pesado volvió a encender el debate sobre el impacto de los gravámenes municipales en la logística, la producción y el comercio argentino.

Según informó Infobae, el esquema contempla un cobro de $37.000 por cada ingreso de un camión al partido, al que podrían sumarse otros $25.000 cuando el vehículo ingrese a una planta industrial. El sistema se aplicaría sobre un tramo de aproximadamente 5,1 kilómetros del ex Camino Provincial Ruta 87, que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y con el Puerto de San Nicolás.

Entidades como la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires cuestionaron la iniciativa y solicitaron su suspensión. Según las entidades, el mecanismo funcionaría en los hechos como un peaje sobre la circulación interjurisdiccional y podría afectar significativamente los costos operativos de las empresas transportistas. Por su parte, el municipio sostiene que la tasa tiene contraprestaciones vinculadas al mantenimiento vial, iluminación, señalización y asistencia, entre otros servicios.

Desde BRIPAEM expresamos nuestra preocupación frente a este tipo de medidas y consideramos que la proliferación de tasas y peajes de elevada incidencia puede transformarse en una carga confiscatoria para la actividad productiva, afectando directamente al transporte, la competitividad de las empresas y las posibilidades de crecimiento.